Un ERTE es una suspensión temporal de contratos o una reducción de jornada debido a causas temporales, como una crisis económica o una reducción de la demanda. Un ERE, por su parte, es un despido colectivo que implica la extinción definitiva de los contratos de trabajo por causas estructurales, como reestructuraciones empresariales o situaciones de viabilidad financiera.

Es un trámite administrativo obligatorio y previo a la vía judicial, en el que la empresa y el trabajador intentan llegar a un acuerdo para evitar el juicio. Este proceso es un momento clave en la negociación, ya que puede resultar en una solución amigable y evitar un procedimiento judicial más largo y costoso.

Si un juez declara el despido improcedente, la empresa debe elegir entre readmitir al trabajador en las mismas condiciones que antes del despido o abonarle una indemnización superior a la que le correspondería en un despido objetivo, que es la indemnización por despido improcedente. Esta indemnización es generalmente más alta, ya que se calcula en función de 33 días de salario por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades.

Sí, es una fase fundamental y obligatoria. Durante el periodo de consultas, la empresa debe negociar de buena fe con los representantes de los trabajadores, intentando llegar a un acuerdo sobre las condiciones del despido colectivo, como los criterios de selección de los empleados afectados, las medidas de acompañamiento (como la indemnización o recolocación) y otras condiciones relacionadas con el proceso. Este periodo debe ser respetado y, si no se llega a un acuerdo, la empresa deberá justificar sus decisiones ante la autoridad laboral.